La crisis de seguridad en Venezuela

A pesar de la reducción en muertes violentas anuales, la falta de control de las fronteras, el desastre en el Arco Minero y el poder de colectivos armados en la capital, revelan un riesgo latente.

A lo largo de los últimos años hemos visto el desafortunado deterioro de la situación de seguridad en varios países de la región como El Salvador, Ecuador y Haití. Todos estos casos han sido utilizados como advertencias o predicciones de lo que puede aguardar a Venezuela en el futuro cercano, sirviendo de puntos útiles de comparación y contraste para las dificultades locales con el crimen organizado. Tristemente, esas comparaciones se han profundizado en tiempos recientes con el alza de la xenofobia contra migrante venezolanos en diversos países como Ecuador, Perú y Chile, donde hemos visto a los venezolanos utilizados como excusa barata para explicar los problemas de violencia de los países receptores.

La masiva ola migratoria, producto de la destrucción de Venezuela por parte del PSUV, presentó una oportunidad única para bandas criminales como el Tren de Aragua, que logró internacionalizar su estructura entre el 2018 y el 2023. Esta expansión del Tren de Aragua ha contribuido a cementar la reputación de Venezuela como un agente desestabilizador en los ojos de varios analistas de seguridad, percepción que poco cambiará con el secuestro y asesinato del Teniente Ronald Ojeda en Chile, crimen que las autoridades locales sospechan ha sido ejecutado por miembros de la ínfame megabanda.

Todo esto ha llevado a que mucha de nuestra atención quede fijada sobre la situación internacional, pero vale la pena preguntar cómo se encuentra la crisis de seguridad dentro de Venezuela. Recordemos que, a finales del año pasado, el gobierno hizo un gran show de intervenir varias cárceles nacionales que se encontraban bajo el control de pranes. ¿Entonces, qué ha cambiado?

El ápice de la crisis

En el 2015, tras una docena de años sin información oficial, el Observatorio Venezolano de la Violencia estimó que en el país habían ocurrido unas 27.875 muertes violentas. Un número absurdo que posicionó a Venezuela como el país más sangriento de la región con una tasa de 90 muertes violentas por cada cien mil habitantes. Lastimosamente, muchos conocen de primera mano esta realidad estadística, o por lo menos conocen a alguien que ha sufrido a causa de la violencia desencadenada.

La crisis mejoró progresivamente, hasta una tasa de 40,9 muertes violentas por cada cien mil habitantes en 2021, año que vió un total aproximado de 11.081 muertes violentas, dentro de las cuales encontramos 3.112 homicidios y 2.332 muertes por “resistencia a la autoridad”. Mientras que el 2021 vio menos homicidios, me atrevería a decir que la percepción sobre la seguridad nacional quedó bastante golpeada. Recordemos que este fue el año en el que Carlos Luis Revete, conocido como el Koki, decidió invadir La Vega en la ciudad capital de Caracas.

El Koki había gozado de una privilegiada relación con las autoridades nacionales, lo cual le permitió hacerse con el control completo de la Cota 905 bajo la absurda figura de las “Zonas de Paz” que implementó el gobierno de Maduro en 2017. La invasión de La Vega fue una decisión demasiado atrevida para los cuerpos de seguridad quienes de inmediato iniciaron una serie de operativos para enfrentar la avanzada de la banda criminal e intentar capturar a su líder. Los enfrentamientos con las autoridades obligaron al Koki a huir de la ciudad, quien sería eventualmente baleado en Las Tejerías, Aragua en febrero de 2022.

La invasión urbana de la banda de Carlos Revete sirvió para recordarnos a todos de una complicada y deprimente realidad, en este país operan grupos armados que crecen sus imperios criminales con el conocimiento del Estado. El Koki había amasado suficiente músculo— en armas, gente y conexiones con las autoridades— como para pensar que la expansión violenta de su control sería permitida, sea por miedo o conveniencia. Así como él, hay muchos que piensan similarmente y los eventos de julio de 2021 expusieron lo rápido que pueden escalar las cosas.

El circo político

Cuando llegó el momento, las fuerzas de seguridad desarticularon la banda del Koki sin mucha dificultad. Abusos fueron cometidos en el proceso, pero las autoridades demostraron que, de querer hacerlo, podrían acabar con amenazas similares. Ahí es donde está la clave, la voluntad política es el factor más determinante en el crecimiento de las bandas criminales en el país. Las autoridades permitieron el crecimiento de bandas como la del Koki y el Tren de Aragua, y bajo su mirada permisiva este país ha cedido tanto terreno a grupos armados que operan minas ilegales en los estados Bolívar y Amazonas y a fuerzas paramilitares que controlan poblaciones enteras en el estado Táchira.

Hacia finales del año pasado, en el marco de las negociaciones entre Maduro y los Estados Unidos, el gobierno decidió retomar control de varios centros penitenciarios del país, incluyendo el famoso Tocorón, sede operacional del Tren de Aragua. Las fuerzas de seguridad retomaron la cárcel en un par de horas aunque se les escapó Niño Guerrero, líder del Tren, unas horas antes del inicio del operativo.

En Amazonas y Bolívar, las fuerzas armadas han grabado bastante contenido para sus redes sociales mientras destruyen campamentos de minería ilegal. El CEOFANB G/J Domingo Hernández Lárez ha sido muy público y firme sobre su convicción de acabar con las operaciones ilegales y el tráfico de metales en el Arco Minero, aunque este compromiso parece evadir el cierre de las minas más grandes como Bulla Loca, hasta que la situación obligue. Esta última mina se volvió reconocida en redes sociales el pasado mes de febrero cuando su colapso dejó a varios muertos.

La FANB desalojó a casi 2.800 personas que trabajaban y vivían alrededor de la mina, finalmente obligados a actuar despues de la tragedia. Es imposible que las fuerzas de seguridad aleguen no haber conocido de la existencia de la mina, ¿cómo no sabían que existía una ciudad entera cerca de La Paragua? La seguridad se mueve por conveniencia política, nada más.

El riesgo latente

Situaciones como la de Bulla Loca revelan que, a pesar de los supuestos esfuerzos titánicos de seguridad, las cosas cambian poco. El comercio ilegal, manejado por grupos armados irregulares, continúa creciendo en el país permitiéndole a cada banda armar su propio ejército pequeño cada vez mejor equipado.

Mientras el gobierno alimenta la propaganda bélica por el Esequibo, vemos como poblaciones enteras deben obedecer al ELN en el estado Táchira. Grupo armado que ha operado en nuestra frontera con Colombia desde hace años, controlando el comercio ilegal a lo largo de la frontera y desapareciendo a cientos de venezolanos a lo largo de las ínfames trochas entre ambas naciones. El gobierno nacional ignora estos problemas y, cuando los enfrenta, parece demostrar su incapacidad para controlar la situación. Recordemos los enfrentamientos que iniciaron en La Victoria, Apure en marzo del 2021 cuando grupos disidentes de las FARC asediaron a unidades del Ejército Bolivariano. Las FANB perdieron casi 30 efectivos, unos 5.000 venezolanos fueron desplazados y mientras Apure sigue militarizado, la situación aún sigue sin estar bajo control.

Encima de esto, los colectivos armados siguen gozando de bastantes privilegios y poder en la capital venezolana, no olvidemos que un grupo armado asedió a la Policía de Sucre el pasado 4 de febrero, trancando todo Petare por varias horas. La situación terminó cuando el grupo se retiró por cuenta propia.

La realidad es que, incluso con las reducciones significativas en la tasa de muertes violentas en 2023, nuestro país está parado sobre una mesa bien inestable a la que se le parte una pata en cualquier momento. Este riesgo existe, justo debajo de los discursos gubernamentales sobre los éxitos de la FANB y la supuesta “tierra de paz” que es Venezuela.

Es un riesgo que el gobierno parece ser incapaz o desinteresado en resolver, francamente no se cual es peor.

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