La historia sin fin
La historia sin fin
Las fuerzas de seguridad retoman *otra* cárcel más en el capítulo más reciente de una historia de profunda ineptitud.
El 31 de julio de 2011, la entonces “Ministra del Servicio Penitenciario”, Iris Valera, anunció la necesidad de reducir la cantidad de presos en el país. Valera trató de venderlo como un tema de “justicia”, argumentando que muchos estaban retenidos por delitos que no ameritaban tal castigo.
“De 50.000 presos del país, 20.000 deben estar fuera de la cárcel, merecen y es justo que estén afuera.”
Solo unos días después, el entonces presidente, Hugo Chávez, anunció que unos 2.000 presos ya habían sido puestos en libertad. Siguiendo las palabras de Valera, Chávez declaró al día siguiente que 20.000 reos más serían liberados.
Estas medidas no fueron anunciadas en un vacío, fueron el producto del motín que inició el 14 de junio de 2011 en el Rodeo I y II, la nefasta cárcel ubicada en Guatire. Más de 5.000 funcionarios de las fuerzas de seguridad fueron desplegados en respuesta, tomando control de El Rodeo I el 17 de junio en un operativo que resultó en la muerte de 20 reos y 2 funcionarios. Unos mil presos aguantaron en El Rodeo II hasta el 13 de julio, cuando se entregaron por falta de comida.
Quizás algunos de ustedes leyendo tengan un par de dudas sobre esto, quizás se estén preguntando:
“¿Ya va, 2011? Juraba que fue en 2012.”
“No vale, fue en Yare.”
“¿El motín del Rodeo no fue en 2015?”
“Pensé que había ocurrido en Barquisimeto.”
No están equivocados. Todo eso ocurrió, son motines distintos.
A pesar de la declaración de “emergencia carcelaria” en octubre de 2012, uno de los últimos actos de Chávez, la imposibilidad del Estado de mantener un control serio, eficiente y humano sobre las cárceles del país continuó.
25 personas morirían en Yare I en agosto 2012. En enero de 2013, al menos 60 personas morirían en Uribana. 16 personas morirían en Sabaneta en septiembre 2013. Un incendio por la falta de condiciones mínimas mataría a 18 personas en Tocuyito en agosto de 2015. Ese mismo agosto de 2015, El Rodeo II volvería a ser noticia con el secuestro de 5 trabajadores de la prisión. En abril de 2017 veríamos 12 muertos más en un motín en Puerto Ayala. En agosto de ese mismo año morirían 37 personas más en una operación de fuerzas especiales en Puerto Ayacucho. 68 personas morirían en un incendio producto de enfrentamientos en un retén policial en Valencia en marzo de 2018. En mayo del 2019 fallecerían 29 personas en un motín en un retén policial de Acarigua. En mayo de 2020, morirían 46 personas en un motín en el Centro Penitenciario de Los Llanos en Guanare.
¿Qué carajo?
La crisis decretada por Chávez en 2012 no ha concluido y no hay más responsable que la incompetencia propia del Estado que ha sido totalmente incapaz de evitar que estas situaciones sigan ocurriendo. Por supuesto, los motines en cárceles no son meramente responsabilidad de los funcionarios penitenciarios, sino de las políticas públicas en general que han permitido que siga creciendo la población carcelaria y que existan y crezcan megabandas como la del Tren de Aragua.
Tocorón ha sido, por años, el ejemplo por excelencia cuando se trata de describir la falta de control del Estado sobre el crimen organizado. Una ciudad, dentro de las paredes de lo que en algún momento fue una prisión, complementada por una piscina al aire libre, un parque infantil, un zoológico, cancha de béisbol, una discoteca y diversos negocios para el disfrute de los “reos” y sus familiares que en verdad controlaban por completo Tocorón.
Desde esta pequeña ciudad criminal, el Tren de Aragua logró expandir sus operaciones a lo largo de todo el continente, un hito bastante impresionante para lo que inició como un grupo de sindicalistas extorsionando contratistas públicos. Desde Tocorón, el Tren de Aragua coordinó sus diversas actividades ilegales y su expansión a las diversas zonas fronterizas del país.
Este nivel de expansión y control, así como el pérfil de crímenes cometidos como el narcotráfico, la trata humana, la minería ilegal y el tráfico de armas reveló, lentamente, que el grupo operaba con el favor (o quizás hasta el apoyo) del gobierno nacional. Es casi imposible evadir esa sensación cuando vemos la cantidad absurda de armas que tenían los presos en Tocorón y lo impresionantemente fácil que fue tomar el recinto para los funcionarios de seguridad.
¿Todas esas armas y los funcionarios de los cuerpos de seguridad lograron tomar el recinto sin una sola baja?
El Mayor Victor Di Mattia de la GNB falleció durante la operación pero no como resultado de acciones enemigas.
Las cosas se ponen más turbias cuando nos enteramos que los líderes del Tren de Aragua que se encontraban adentro, como Héctor “Niño” Guerrero, lograron escapar días antes del inicio del operativo. Esta serie de coincidencias y curiosidades hacen fácil pensar, como la periodista Ronna Rísquez ha especulado, que la toma del recinto haya sido negociada entre las autoridades y el Tren de Aragua.
En los días siguientes al operativo, unas 87 personas que huyeron de Tocorón parecen haber sido “recapturados” por las autoridades pero los grandes cabecillas siguen sueltos. Por ahora, los presos de Tocorón serán redistribuidos en distintas cárceles del país, lo que parece ser una estrategia para “desarticular” al Tren de Aragua separando a muchos de sus miembros.
Una operación relativamente fácil, que sucede en medio del aumento de operativos en el Arco Minero, y que no logra dar con los líderes del grupo criminal que mandaba en Tocorón (que las autoridades no han ni mencionado) suena más a victoria propagandística que a un triunfo real para los venezolanos que han sido aterrorizados por esta gente. Con el tiempo sabremos más y más sobre las consecuencias de la “Operación Liberación Gran Cacique Guaicaipuro 2023” pero solamente nos darán migajas de la verdad. La historia completa, en el mejor de los casos, tardará años en ser conocida.
Por los momentos solamente vemos otro capítulo más para agregar a la historia sin fin de la crisis carcelaria venezolana.