Censura, seguridad y Rocío San Miguel
Censura, seguridad y Rocío San Miguel
La activista de derechos humanos y analista militar, Rocío San Miguel, lleva un mes detenida por los órganos de seguridad del Estado quienes, una vez más, criminalizan la información.
El pasado 23 de enero, el Fiscal General Tarek William Saab anunció que el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad se encontraban en el proceso de la aprehensión de múltiples sospechosos inmiscuidos (supuestamente) en cinco conspiraciones para asesinar a Nicolás Maduro. A los pocos días nos enteraríamos de que un total de 36 personas habían sido detenidas (hasta entonces) por posible vinculación con los conplots denunciados, pero también se advirtió que aún faltaban “autores intelectuales” por ser capturados.
Esas detenciones continuarían, con la de mayor perfil siendo aquella de Rocío San Miguel quien desapareció el pasado 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía mientras trataba de abordar un vuelo. William Saab tardaría dos días en anunciar que San Miguel había sido detenida por funcionarios del SEBIN, pero se negó a hablar sobre el paradero de la misma. Los familiares, amigos y el equipo legal de San Miguel pasarían días visitando distintas cárceles y sedes de seguridad a lo largo del país para confirmar su detención, todos negaban ser el recinto que la recibió. Pasaron nueve días hasta que un familiar pudo visitar a San Miguel en el Helicoide en Caracas para constatar su estado de salud.
Pero, ¿qué tiene que ver Rocío San Miguel con los supuestos intentos de magnicidio?
En sus declaraciones explicando la detención, William Saab acusó a San Miguel de operar como “espía” para potencias extranjeras, alegando que su trabajo en Venezuela “nada tiene que ver” con los derechos humanos. Parte de la evidencia utilizada por el Ministerio Público para llegar a esta conclusión es que San Miguel estaba “sitematizando” información sobre las capacidades militares de Venezuela.
En un momento birzarro donde el fiscal dejó escapar un poco de honestidad, William Saab reconoció que la información poseída por San Miguel es, efectivamente, de acceso público, pero trató de justificar sus acciones alegando que la sistematización de esa información pública revela un propósito oscuro. La sistematización de cualquier cuerpo de información es un proceso necesario para toda profesión investigativa, sea el periodismo, el análisis militar, los estudios académicos o los esfuerzos de un sinfin de ONGs y otras entidades en este país que hacen lo posible para entender y explicar la realidad de nuestra nación.
El énfasis que el Ministerio Público ha puesto sobre el problema de la “sistematización” tiene una serie de efectos secundarios que van más allá de la detención de una persona. Con esto el gobierno amenaza, de manera indirecta, a todas esas personas que se dedican a recopilar información que el PSUV pueda llegar a considerar “sensible” en algún momento futuro, así sea de la nada y sin mucha advertencia previa.
Nada de esto debe sorprender, el gobierno ha empleado varios ejes de ataque contra todos aquellos que los han incomodado en algún momento. Sea la purga del TSJ en 2004 tras decisiones poco favorables al chavismo, el cierre forzado de RCTV por dedicarse al periodismo o las persecuciones más recientes contra las ONGs, todo persigue el mismo fin: que nos callemos.
Etiquetar de espía a San Miguel es otro paso más en la marcha del gobierno hacia su objetivo final de amordazar a todos los que hablen en su contra. Organizaciones como SOS Orinoco, que se dedica a evidenciar la explotación destructiva del Arco Minero por parte de este gobierno y sus aliados cuasi-paramilitares, fácilmente podrían ser acusados del mismo delito por utilizar y recolectar imágenes satelitales de “zonas sensibles” para la seguridad nacional. Proyectos como Monitor de Víctimas pueden caer en lo mismo por andar recopilando información sobre ejecuciones extrajudiciales, en cualquier momento los acusan de arriesgar las vidas de funcionarios policiales o de “atacar” la reputación de las fuerzas de seguridad.
No sorprendería si, en los meses siguientes, algunas de estas organizaciones son acusadas de delitos similares a aquel por el cual se ha detenido a San Miguel, todo parte de la campaña gubernamental de construir un cuerpo de “evidencia” contra la supuesta naturaleza criminal o apátrida de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela. Así justificarán medidas que lleven al cierre de cualquier ONG que no obedezca o siga las instrucciones de Miraflores al pie de la letra, parte de la continuada estrategia de asegurar que los ciudadanos de este país sigan en la oscuridad y dependiendo del PSUV para vivir.
En medio de un año electoral donde los detentadores del poder han escalado la represión y la violencia política, estimo bastante probable que sigamos por este camino y que el proceso autoritario se acelere mientras más cerca estemos de una elección presidencial que ellos saben que no pueden ganar de forma justa.